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Impedir la apertura de un negocio en el bajo de un inmueble

16, agosto | ARTICULOS | Sin comentarios
Restaurante de Leo Messi

Recientemente ha aparecido en la prensa la noticia de que una asociación vecinal rechaza el restaurante de Lionel Messi por los problemas que puede ocasionar en el barrio. Ruidos, música, malos olores, horarios atípicos o nocturnos, son las principales molestias por las que las comunidades, en general, tratan de evitar negocios que puedan ser insalubres o molestos como en este caso. El asesoramiento del Administrador de Fincas y la voluntad del Presidente ayudará en la búsqueda de soluciones al conflicto, incluso mediante la Mediación Civil y Mercantil, una actividad en desarrollo en los Colegios Profesionales.

El tipo de actividad más temido por las comunidades es la de los bares, pubs o discotecas, pero, ¿una comunidad tiene capacidad para impedir previamente la instalación de este tipo de negocios? La Ley de Propiedad Horizontal establece que a los propietarios/vecinos no les está permitido desarrollar en el interior del inmueble actividades prohibidas en los Estatutos de la Comunidad, que resulten dañosas para la finca o que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, entendiéndose por éstas todas aquellas que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen.

Por lo tanto, la prohibición de realizar determinadas actividades en una vivienda o local de una finca en propiedad horizontal es una limitación del derecho de propiedad que tiene que establecerse en los estatutos de división horizontal de la comunidad, no siendo válido un acuerdo por mayoría de una junta de propietarios. Las limitaciones deben constar en los Estatutos de la Comunidad, y éstos estar debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.

Es común que en los Estatutos no se especifique demasiado qué tipo de actividades se consideran molestas o prohibidas, por lo que es frecuente que haya que recurrir a Órganos Jurisdiccionales para que determinen una resolución al conflicto, y la interpretación de lo que puedan decir los estatutos corresponderá a un juez. Aunque ya se han suprimido las tasas judiciales, litigar no resulta gratuito y prácticamente ninguna Comunidad de Propietarios tiene previsto en sus presupuestos anuales una partida para gastos judiciales.

En definitiva, la comunidad no tiene capacidad coercitiva previa que impida la instalación de este tipo de negocios, es el Ayuntamiento de la localidad quien otorga la licencia de apertura, comunicando previamente a los vecinos del inmueble la actividad que se va a desarrollar para que se manifiesten en contra o a favor de la misma.

Si el ayuntamiento concede la licencia, aun habiendo manifestado sus discrepancias, la comunidad puede recurrir ante los tribunales que le darán la razón si se ajusta a derecho y perturba el descanso, o bienestar de los copropietarios.

Siendo un asunto complejo en el que entran en juego muchos factores y variables será un gran apoyo la asesoría jurídica que nos ofrece nuestro seguro de Protección Jurídica, tanto para consultas legales telefónicas, como por los gastos de reclamación o defensa que cubre la póliza y la Comunidad de Propietarios no necesita efectuar derramas a tal fin. También es importante disponer del seguro de la comunidad de propietarios en el caso de que haya que aceptar esta situación para evitar situaciones de falta de cobertura.

Fuente: comunadis.com y elaboración propia

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